• El  pacto  de  Toledo  que  se  avecina

    El pacto de Toledo que se avecina

    Ya no quedan excusas. Tras un largo período de comparecencias de expertos, funcionarios, organismos públicos y privados, y asociaciones representativas de diferentes colectivos, el pistoletazo de salida ha sonado. La Comisión constituida en el Congreso de los Diputados para el seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha comenzado su trabajo, para intentar llegar a acuerdos y proponer al Congreso, bien la revisión de unas anteriores recomendaciones, bien para redactar otras nuevas que complementarían o sustituirían a las existentes para garantizar el sistema público de pensiones.

    Ha tenido un comienzo enrevesado. Frente a posiciones que impulsaban la idea de analizar las anteriores recomendaciones de forma sucesiva e individual para adaptarlas a una situación económica radicalmente diferenciada, otros, entre los que me cuento, hemos sostenido que hace falta algo más que una simple adaptación actuarial de las medidas existentes, y que resulta preciso definir el escenario de futuro para precisar entonces, no solo las medidas, sino también las características del sistema público que permita que las pensiones del mañana sigan pudiendo tener la suficiencia de las que hoy, como media, disfrutan nuestros mayores.

    Lo cierto es que a pesar de unos tímidos intentos de debate general, se ha optado por comenzar a analizar una a una las 21 recomendaciones existentes, de forma que la mecánica va a consistir en la presentación de cada una de ellas, la aportación individual de cada partido de textos críticos con su grado de ejecución e incluso de un relato de supuestos incumplimientos, para terminar con un debate particularizado que conduzca a un texto adaptado de la misma recomendación. Así, en anteriores semanas hemos abordado, sin concluir aún, el debate sobre la primera recomendación –la “separación y clarificación de las fuentes de financiación”-, y se ha planteado la necesidad de volver a introducir la llamada “recomendación 0” -la “defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones”- que pretende actuar como marco de principios en el que se habría de construir el resto de recomendaciones.

    En próximas fechas comenzaremos, además, el análisis de la segunda recomendación, que hace referencia al “mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones”, que es, sin duda, uno de los dos más trascendentes de cuantos habrá que abordar. Y digo que será trascendente porque hace referencia a la garantía de la suficiencia de las pensiones, pero afirmo también que será polémico porque es posiblemente aquel donde las posiciones de la mayor parte de partidos políticos, entre los que incluyo a EAJ-PNV, se alejan con mayor intensidad de las del Gobierno. La garantía de un elemental principio de “suficiencia”, es decir, la garantía de que quienes reciban una pensión no estén sometidos a situaciones de insuficiencia o de pobreza como consecuencia de la aplicación de mecanismos de mera sostenibilidad financiera del sistema, debe formar parte del contenido básico, del núcleo del acuerdo. La revalorización de las pensiones no puede alejarse de forma sistémica, como hoy ocurre, de la referencia del valor de la cesta de la compra. Hace poco comentaba que tras la reforma llevada a término por el PP el año 2013, las posibilidades de alcanzar el mismo grado de consenso de anteriores ediciones del Pacto resultaría más difícil. Y hoy insisto en esa idea, porque el propósito común de garantizar a todos los ciudadanos que en el futuro va a haber un sistema de pensiones ya tropieza con una realidad legislativa polémica y unilateral, del año 2013, en la que de la mano del Gobierno del PP se aprobaron dos medidas que, como poco, son discutidas y discutibles: el Índice de Revalorización de Pensiones, y el llamado Factor de Sostenibilidad.

    El sistema público de pensiones ha sido en su diseño original un sistema llamado de reparto y de prestación definida. Esto es, que quienes cotizan sabían que pagaban a quienes recibían la pensión, pero a su vez sabían no solo que recibirían una pensión, sino qué pensión recibirían. A partir de la reforma de 1985 y sobre todo a partir del Pacto de Toledo de 1995, se ha ido transitando hacia un sistema de tipo más actuarial o de contribución definida, en la que se sabe que el día de mañana se va a recibir una pensión, si bien su cuantía va a estar condicionada por la sostenibilidad financiera del sistema.

    Que cada vez haya más pensionistas (y los que se esperan con la jubilación de la generación del baby boom), que vivamos más años y que las bases de cotización hayan sido más altas, y que además haya habido una tremenda crisis económica que ha supuesto menos cotizantes y por salarios más bajos, como consecuencia de contratos de peor calidad y temporales, ha supuesto que el coste del sistema se haya disparado. Frente a esa situación se han dispuesto medidas de flexibilidad en la jubilación, alargamiento de la vida laboral, introducción de factores automáticos de sostenibilidad en situaciones de crisis y/o envejecimiento de la población, mayor vinculación entre cotizaciones y pensión, y, sobre todo, los cambios en la indexación de las pensiones respecto del IPC. A esta última me refería antes.

    Sin embargo, las aplicadas son reformas paramétricas que por acumulación se pueden entender como una reforma sistémica; y no seré yo quien diga que muchas de ellas no son necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema, si bien otras son, o bien excesivas, o suponen su desnaturalización, lo que supone que merecerían ser analizadas bajo el prisma de la existencia de modelos alternativos.

    Por eso, y como Grupo Vasco, insistimos en la conveniencia de promover alternativas sostenibles socialmente basadas en el fomento de la capacidad de ahorro, el impulso del segundo pilar, no solo como modelo complementario al del sistema de pensiones públicas, sino también como parte de la solución sistémica y también de vocación pública. Si bienpueden parecer un tanto extraños a la cultura de la negociación en España, resultan más habituales en Euskadi, e incluso a pesar de las reticencias que parte de la representación social guarda sobre la capacidad para el ahorro que puedan tener los trabajadores atendiendo a su nivel salarial en su conjunto, entendemos que son una alternativa real –posible y que fortalece el principio de suficiencia -, social –al estar basado en el consenso social y la negociación, hace participar a dicha representación incluso de la gestión responsable de dichas fuentes de financiación, lo que fortalecería su carácter igualitario-, y progresista –porque dota a los trabajadores no solo de medios, sino también de la decisión sobre la inversión responsable y ética actual de sus ahorros-. Creemos, además, que puede servir para inspeccionar la búsqueda de fuentes complementarias que sean razonables y suficientes para poder mantener a futuro modos de vida digno.

    Añado a ello que al tener que estar basados en el consenso social y la negociación, hace partícipe a dicha representación incluso en determinado modelo de gestión responsable de estas fuentes de financiación, lo que fortalecería su carácter social e igualitario.

    Sin olvidar que son además la garantía de la posibilidad de diversificación del gasto social, lo que conduce a caracterizar el modelo de Estado que pretendemos.

    Iñigo Barandiaran Benito

    Diputado EAJ-PNV y Portavoz Grupo Vasco en la comisión del Pacto de Toledo

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