Nuevo peaje para el transporte desde la responsabilidad

Desde que La Diputación Foral de Gipuzkoa tomó la decisión de llevar adelante el nuevo canon con sistema free flow en la N-1 las relaciones con el sector del transporte tanto en Gipuzkoa como en España no han sido fáciles. Tras reuniones de gran tensión hemos logrado mantener un diálogo constructivo con todos aquellos que así nos lo han solicitado y tengo la convicción de que está siendo un trabajo que redundará en favor del sector del transporte. Uno de los temas que con más contundencia esgrimían tanto Guitrans como Hiru como el Comité Nacional del Transporte era la aportación a través del impuesto de hidrocarburos del sector a la conservación y mejora de las carreteras guipuzcoanas. Se nos transmitía que el sector aportaba más de 300 millones de euros anuales a Gipuzkoa como argumento central contra el nuevo canon de la N-1.

Sin embargo, creo que es fundamental poner las acosas en su sitio en este aspecto, tal y como explicamos al Comité en la última reunión. Tenemos un complejo sistema de reparto de los impuestos especiales en la Comunidad Autónoma de Euskadi. De 443 millones que se recaudan en Gipuzkoa, 121 van a las arcas del Estado y del resto, 322 millones, el 70% se destina al Gobierno Vasco , el 16% a las 3 Diputaciones, el 12% a los municipios y el 2% a otros aspectos.

De ese 16% del total de la recaudación de Gipuzkoa que va a la Caja Común de las tres Diputaciones, a Gipuzkoa le corresponden  50 millones de euros de los cuales, en el reparto presupuestario entre departamentos,  a Infraestructuras Viarias nos corresponden 5,7 millones. Si tenemos en cuenta que en 2018 los gastos de Conservación de las carreteras y autopistas de Gipuzkoa serán de 92 millones de euros y le añadimos las amortizaciones e intereses de las inversiones en carreteras que todavía estamos pagando (2º cinturón, AP-1, autovía de Descarga…) sumamos unos gastos de 168.600.000€ en 2018. Es evidente que con lo que nos aportan los impuestos de hidrocarburos, en los que están también incluidos los vehículos ligeros, taxis, autobuses, etc., no podemos hacer frente a los mayúsculos costes que tenemos que afrontar para mantener y mejorar nuestras carreteras. En este contexto, debo destacar que la medida de la implantación de un peaje para el transporte es un ejercicio de responsabilidad. La sociedad guipuzcoana es cada vez más dependiente de un sistema de ayudas sociales a los que ya se les destina el 48% del presupuesto de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por una parte porque cada vez tenemos una sociedad más envejecida y por otra parte porque en Gipuzkoa tenemos una sensibilidad especial con aquellos sectores más débiles de la sociedad.

Es un ejercicio de responsabilidad asegurar los recursos para la seguridad de nuestras carreteras y asegurar los recursos para nuestros mayores y para todos aquellos que lo necesiten especialmente. No soy partidaria de hacer políticas populistas sino desde la responsabilidad institucional de los que nos toca gobernar debemos buscar las soluciones adecuadas. En el caso de nuestras carreteras hemos hecho un gran trabajo en lograr consensos políticos para llegar a acuerdos progresistas conforme a las políticas europeas de los países más avanzados.

El pago por uso del transporte por carretera se ha convertido en uno de los ejes de la política europea en aras a conseguir que todo aquel que utiliza y contamina debe pagar, como describe la Directiva Europea que Gipuzkoa va a implantar los próximos días,  y deben pagar no sólo los guipuzcoanos a través de sus impuestos, sino todos aquellos transportes que cruzan diariamente nuestro territorio aportando así recursos directamente a nuestra red de carreteras, porque las carreteras ya están construidas pero algunas todavía hay que pagarlas y en cualquier caso, hay que mantenerlas y mejorarlas continuamente por el bien de nuestra seguridad, y esto, es un coste que no se puede asumir sino desde políticas responsables.

Aintzane Oiarbide

Diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa

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