Eaj-Pnv Gipuzkoa

27 abe. Bon Nadal, con lazos amarillos

Políticamente, son varios los aspectos de base que unen a Euskadi y a Catalunya, al margen de poder desarrollar estrategias distintas. Vascos y catalanes somos Pueblos y Naciones europeas que reclamamos libertad, en primer lugar, para ser reconocidos y respetados como tales, conforme a la voluntad democrática de nuestros ciudadanos y a los valores europeos que han hecho de nuestro continente un área de paz y de progreso, a pesar de todas las dificultades actuales;en segundo lugar, libertad para disponer responsablemente de instrumentos de Estado al objeto de ganar con un modelo propio nuestro futuro político, económico, cultural y social en un mundo cada vez más global e interconectado;y, finalmente, y por lo tanto, libertad para establecer un nuevo estatus de relación con el Estado español donde impere la convivencia y el progreso económico y social en beneficio mutuo. En definitiva, libertad para europeizar las relaciones conforme a los principios, valores y objetivos de la propia Europa.

Hablamos de política, que exige aplicar la metodología democrática del diálogo, la negociación y el acuerdo. Y es que, el sentimiento y los anhelos democráticos de libertad de vascos y catalanes están muy por encima de cualquier actitud impositiva, por mucho que ésta se pretenda traducir en leyes y hasta en constituciones o fronteras coyunturales. Porque, pese a quien pese, el Derecho a Decidir (o el derecho a la libertad) de un Pueblo es, ante todo, un principio democrático y, por tanto, integrador y moderno;es eminentemente europeo y europeísta;y es un instrumento para “vivir mejor”.

La reunión de la semana pasada entre el presidente del Gobierno español y el president de la Generalitat de Catalunya ha constituido un paso relevante, y que necesita más, para situar la “cuestión catalana” en el terreno de la discusión política, un ámbito de donde nunca debía de haber salido. Porque el legítimo deseo democrático de respeto y reconocimiento de Catalunya es una cuestión política y democrática, y no un problema de orden público o judicial.

Sin embargo, lo inadmisible es que todo este planteamiento ha sido ignorado por el miedo de un Estado que ha renunciado a la política y a la democracia. Ha fracasado, mostrando una clara incapacidad de convencer en democracia. Ha dejado todo en manos de un Poder Judicial que está actuando cegado por la razón de Estado, mostrando una enorme debilidad. Porque un Estado fuerte no se define por su tamaño, ni por su musculatura militar, ni por su capacidad de coacción o la dureza de sus métodos. Las dictaduras, de hecho, aunque pretendan parecerlo, no son más fuertes que las democracias. Al contrario, en las democracias avanzadas el concepto de fortaleza tiene que ver con su capacidad de entendimiento, sobre todo, en circunstancias complejas y multinacionales. Y en esto, el Estado español lleva fracasando, como mínimo, más de 200 años.

Es por eso que resulta descorazonador que, a menudo, se diga que el Estado español es fuerte porque mete a independentistas catalanes en la cárcel o porque pretende desbaratar procesos soberanistas de libertad. Yo no dudaba que el Estado español tenía capacidad para meter en la cárcel a los líderes del independentismo catalán. Lo verdaderamente relevante es que el binomio Estado-política -que tendrían que ser la misma cosa- ha fracasado. Por ausencia de la política y de la democracia, que es lo peor que se puede decir de un Estado, que se pretende sólido. Y es que un Estado sin soluciones políticas democráticas es justamente lo contrario a un Estado moderno y europeo.

Así las cosas, el Poder Judicial ha elaborado una teoría de los hechos que tiene más que ver con un mal resumen de prensa lleno de falsedades, manipulaciones y tipos penales forzados, como el delirio de calificar el delito de rebelión como un “delito tendencial”, que con unos sólidos argumentos jurídicos. Y lo peor: ha encarcelado de manera injusta y escandalosa a personas siempre pacíficas y demócratas que ejercen la política conforme al mandato popular, convirtiéndolos así en presos políticos.

Por eso, en estos días, reconocimiento y recuerdo para todos los exiliados y, en especial, para Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn. Su libertad inmediata es una exigencia democrática. Y que nadie olvide que en 2018 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado al Estado español en 8 ocasiones por no respetar los Derechos Humanos. Bon Nadal sí, con lazos amarillos.

Luke Uribe-Etxebarria Apalategi

Parlamentario de EAJ-PNV