Eaj-Pnv Gipuzkoa

10 urr. El Nuevo Estatus Político de Euskadi

El paso del tiempo no ha sido neutro. Durante las últimas décadas, la capacidad de producir “realidad” del Estado ha ido creciendo muy por encima del sistema autonómico. Además de los enormes cambios sociales, la desigualdad existente en la correlación de fuerzas entre Euskadi y el Estado se ha ido acentuando y ha generado un contexto mucho más adverso para la construcción nacional vasca. Durante todos estos años se han producido tres cambios fundamentales: ha cambiado el contexto socio político, se ha trasformado el valor social de los discursos políticos y han quedado obsoletas las estrategias de construcción nacional desarrollados en la época.

El nacionalismo histórico lideró en 1979 la institucionalización del Estatuto de Autonomía de Gernika, sin renunciar a los derechos nacionales que como pueblo nos asisten y considerando que la nueva norma sometida a referéndum constituía un pacto con el Estado español. Esta concepción del Estatuto se contraponía a la de los partidos de ámbito estatal, que consideraban el Estatuto como una ley orgánica, cuya fuente de legitimación residía en la soberanía nacional del pueblo  español, y a la de la Izquierda Abertzale que consideraba que la aceptación de esta norma equivalía a aceptar la constitución española y a debilitar en términos objetivos el proceso vasco de liberación nacional.

Durante todos estos años los antagonismos en los discursos y en la acción política han paralizado el desarrollo estatutario, que sólo ha visto tímidos avances cuando los distintos gobiernos de España se veían en algún aprieto en el Congreso de los Diputados. Cada vez que se han planteado demandas de cumplimiento, crecimiento o proceso de transformación del Estatuto de Autonomía de Gernika siempre se han topado con dos posiciones que han ejercido una extraordinaria fuerza limitadora. De un lado, el Estado, que no ha aceptado ni el cumplimiento estatutario ni la idea del sujeto político originario vasco como única fuente de legitimación del sistema institucional vasco. Y, de otro lado, la Izquierda Abertzale, cuya estrategia ha consistido en debilitar el sistema institucional vasco.

En primer lugar, ha cambiado el contexto socio político porque las instituciones públicas son más débiles, la desafección política y el individualismo de la sociedad es elevada y los partidos políticos tienen menos capacidad de tracción de la sociedad. Hoy, acumular fuerza institucional en términos democráticos y sociales para liderar una transformación institucional, es bastante más difícil.

En segundo lugar, el Estado tiene hoy una mayor capacidad para imponer su visión de la realidad, pero, además, tiene una enorme fuerza para condicionar la legitimidad y los contenidos del discurso nacional vasco. Los vascos y vascas que consideramos que Euskal Herria es un pueblo y tiene derecho a decidir su futuro no deberíamos incorporar tesis que relativicen nuestros derechos nacionales argumentando que en contextos complejos y plurales es necesario aparcar el choque de identidades nacionales y buscar un acuerdo entre diferentes. Esta afirmación constituye sencillamente un autoengaño en un contexto de dominación de la soberanía nacional española sobre la vasca. Aquí no hay un problema de choque de trenes entre dos identidades nacionales. El problema radica en la existencia de un terreno de juego desigual desde el punto de vista democrático en la atribución de derechos colectivos a las diversas identidades colectivas que existen en un mismo espacio público. Claro que  es necesario revisar y pactar unas nuevas reglas de juego, pero la necesidad de buscar consensos y pactar no puede estar por encima del principio de igualdad que debe prevalecer en cualquier democracia. El encuentro sólo se puede producir en condiciones de igualdad. La imposibilidad coyuntural para institucionalizar el derecho a decidir de la sociedad vasca no puede llevarnos tampoco a aceptar paradigmas que nos desvíen de nuestra misión, que no es otra que lograr el reconocimiento de nuestros derechos nacionales.

En tercer lugar, hay un cambio importante en la validez de las definiciones estratégicas en el proceso vasco de construcción nacional. Sobra decir el horror y la ruptura ética que implica el uso de la violencia con fines políticos; pero hoy somos conscientes también de la insuficiencia de la estrategia de pacto si la fuerza de la iniciativa de propositiva parte en exclusiva de las instituciones sin contar con la fuerza impulsora de la sociedad.

Tal y como se ha visto claramente en Catalunya, en las condiciones actuales, el Estado Español no va a pactar la ruptura de la soberanía nacional española. Luego no se va a producir a corto plazo ningún pacto para la institucionalización del derecho a decidir de Euskadi. Y tampoco se ven condiciones objetivas para una confrontación democrática con el Estado.

A mi juicio, más allá del recorrido que pueda tener un nuevo status político en Euskadi que incluya el derecho a decidir, es prioritaria la configuración de una estrategia de país que establezca las líneas de acción política, económica y social en orden a construir un proceso que edifique las bases y las estructuras sociales de la comunidad nacional vasca. El reconocimiento legal de nuestro pueblo será fruto de una negociación sólo si se ha configurado previamente un poder social y político que lo vehicule. Esta tarea hay que abordarla de manera compartida entre todas y todos aquellos que reconocen la existencia del pueblo vasco y su derecho a decidir. Con mucho pragmatismo, con perseverancia y superando las desconfianzas entre actores políticos que han competido y compiten por la hegemonía. De ahí la importancia del acuerdo entre EAJ-PNV y la Izquierda Abertzale entorno a las bases del nuevo Estatuto; no tanto por las expectativas de éxito inmediato en la institucionalización del derecho a decidir sino más bien por lo que supone en el establecimiento de un paradigma de desarrollo en la construcción nacional. No es aceptable la crítica de que se trata de un pacto “excluyente” realizada por parte de partidos estatales en la medida en que son ellos (los “excluidos”) quienes disponen de una estructura política de dominación.

Necesitamos actualizar el Estatuto político y necesitamos fortalecer la comunidad vasca para adecuar nuestro sistema de socialización comunitaria, producción simbólica y acción política a las necesidades de un pueblo que quiere seguir siéndolo en el S. XXI. La actualización significa un reforzamiento del sistema de competencias, pero, sobre todo, el restablecimiento de unas condiciones de relación más igualitarias con el Estado. ¿Por qué es insuficiente un salto competencial? Porque el mantenimiento de las condiciones de desigualdad está produciendo un progresivo debilitamiento que nos permita seguir autodefiniéndonos como pueblo y nación.

La estrategia de construcción nacional vasca debe ser reconstruida y reproducida en términos estratégicos en la sociedad, en la economía, en la cultura y en la política; de lo contrario, seguiremos dando vueltas en el punto de inicio. En definitiva, no podremos avanzar como pueblo si prescindimos de la sociedad o si la estrategia que planteamos no es integral.